lunes, 5 de agosto de 2013

GOBIERNO DE DURANGO MIENTE A EJIDATARIOS; SOLOS LOGRAN AVANCES EN DEPENDENCIAS FEDERALES




Boletín de prensa



* Los campesinos afectados por la carretera Durango-Mazatlán hicieron llegar sus avalúos a la SCT, Gobernación, SEDATU, INDAABIN y a la Presidencia de la República

Mazatlán, Sin., a 5 de agosto de 2013

Los ejidatarios afectados por la construcción de la Autopista Mazatlán-Durango denunciaron que al incumplir nuevamente el Gobierno del estado y la delegación estatal de la SCT a la sociedad y a ellos, debieron acudir la semana pasada a la capital del país para realizar trámites directos en las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Gobernación, para obtener un trato justo o de lo contrario volverán a realizar manifestaciones, el cierre de la vía rápida y plantones.

El presidente del comisariado de San Antonio y Anexos, Héctor González Muñiz, dijo que con el fin de que los ejidatarios levantaran el bloqueo carretero de 12 días iniciado el 31 de mayo pasado, el gobierno del estado se comprometió por escrito y de palabra a solicitar una audiencia con el titular de la SCT, sin embargo, a falta de una respuesta, fueron la ciudad de México.

Por sí mismos consiguieron una reunión con Héctor Armando Arvizu, director general de Carreteras, oficina donde les dijeron que el Gobierno del Estado de Durango, por conducto del Secretario de Gobierno, Jaime Fernández Saracho, nunca solicitó la audiencia prometida con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.

La noche del 12 de junio se firmaron 45 acuerdos para la reparación de los daños y obras complementarias en beneficio de los ejidos que tienen cabañas y para la circulación de los campesinos de la zona de Pino Gordo a la autopista; de esos 45 compromisos firmados, desaparecieron tres y las obras complementarias fueron borradas en su totalidad del cuerpo de los convenios.

Es el día, también, que de los acuerdos pactados solamente se ha cumplido el 10 por ciento de los mismos, dieron a conocer esta mañana en conferencia de prensa.

En cambio, agregó el presidente del comisariado de San Antonio y Anexos, Héctor González Muñiz, en la ciudad de México tuvieron encuentros en la Secretaria de Gobernación con el Director de Atención a Movimiento Sociales, Héctor Miraríos Rocha; con el director de carreteras de la SCT; con el titular de la SEDATU y el de INDAABIN (Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales), donde se tuvieron avances.

“También hemos de informarles que la Secretaria de Gobernación, SEDATU, SCT, INDAABIN y Presidencia de la Republica hicimos llegar nuestros avalúos de 633,000 por hectárea al Ejido Pueblo Nuevo; 1’444,088.75 por hectárea para el Ejido San Antonio y Anexos; 828,662.63 por hectárea para la Comunidad de Chavarría Nuevo; 1’062,990.14 por hectárea para el Ejido Chavarría Viejo y 934,000 por hectárea ejido para el Ejido Chavarría Nuevo”, expresaron los ejidatarios.

Los representantes de los ejidos dijeron a los medios de comunicación que “estos avalúos fueron elaborados de manera profesional, con el método científico y técnico correspondiente, demostrando que la propuesta de SCT de proponer pagarnos a 7,000.00 por hectárea o 26,000.00 por hectárea, como pagó el gobierno del estado de Durango a los ejidos del mismo municipio, está totalmente alejado del valor del mercado contemplado y de la legalidad, normas y reglamentos de las leyes de mercado que se utilizan para la valoración de los bienes que adquieren transición comercial, por parte del gobierno o de intereses privados”.

Por ello, expresaron, nuestra postura en Durango es que si no nos pagan nuestra tierra y nos reparan el daño realizaremos manifestaciones, locales, estatales e internacionales e iremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Comunidad Económica Europea.

 

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EJIDATARIOS DAN A CONOCER PROBABLES MALOS MANEJOS DE RECURSOS EN SCT DE SINALOA Y NAYARIT




Boletín de prensa



* En la SCT un acuerdo para revisar, con Banobras, el monto de los recursos liberados para el pago de las diversas indemnizaciones, entre ellas, los bienes diferentes a la tierra

México, D. F., a 3 de agosto de 2013

El manejo discrecional por parte de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del dinero para pagar indemnizaciones a los campesinos afectados por la construcción de la autopista Tepic-Mazatlán y el Libramiento 3 en esta ciudad, es un ingrediente adicional al perjuicio en contra de los dueños de la tierra que debe investigarse.

Lo anterior fue afirmado por Ernesto Pérez Virgen, quien en conferencia de prensa junto con los afectados, informó sobre las negociaciones que los representantes de 29 ejidos de los estados de Sinaloa, Durango y Nayarit realizaron la semana que está por terminar en la ciudad de México.

Pérez Virgen dijo a los medios esta mañana en conferencia de prensa que entre los municipios de Acaponeta y Rosa Morada, Nayarit y Escuinapa, Sinaloa aportaron 700 hectáreas y los ejidatarios sólo han recibido cerca de 45 millones de pesos, la mayoría de las veces con dinero en efectivo que implicaría abusos por parte de los funcionarios, ya que los pagos oficiales deben realizarse a través de cheques a los beneficiarios.

De hecho, la mayoría de los campesinos que recibieron el dinero, lo hicieron porque fueron amenazados o coaccionados de diferentes formas por parte de los funcionarios, afirmó quien hoy es su representante para litigar la verdadera indemnización.

Por ese motivo, el pasado jueves 29 de julio los representantes de los ejidatarios lograron con la Dirección General de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) un acuerdo para revisar, con el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), el monto de los recursos liberados para el pago de las diversas indemnizaciones, entre ellas, los bienes diferentes a la tierra.

Asimismo, dieron a conocer que investigarán si entre los 1,612 millones de pesos por los que habrían pagado las empresas de Carlos Slim por la concesión de la autopista Tepic-Mazatlán estaba contemplado también para el pago de los bienes ejidales, ya que se necesitaron 1,300 hectáreas para la construcción de la vía.

También será investigado el caso del ejido Chicura, perteneciente a Mazatlán donde se construye el Libramiento Tres, para el que Banobras autorizó 5 millones de pesos para pagar bienes diferentes a la tierra y sólo llegaron a los campesinos 900 mil pesos y de ellos, el 40 por ciento los funcionarios de la SCT se lo quitaron a los campesinos, dizque “para la causa”.

 

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