martes, 30 de julio de 2013

USUFRUCTÚA EMPRESA DE SLIM CARRETERA DESDE 2005 SIN QUE SCT HAYA PAGADO PREDIOS





Boletín de prensa



* Campesinos ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios de tres estados están dispuestos a evitar que ocurra lo mismo en la carretera Mazatlán-Durango; la Tepic-Mazatlán habría logrado beneficios superiores a 4 mil mdp; solicitan a Slim que tenga sensibilidad y se convierta en su aliado

México, D. F., a 30 de julio de 2013

Los representantes de 29 ejidos de los estados de Durango, Sinaloa y Nayarit dieron a conocer esta mañana que la empresa Promotora Inbursa, propiedad de Carlos Slim Helú, ha logrado ingresos probablemente superiores a los 4 mil millones de pesos desde la puesta en funcionamiento de la autopista Tepic-Mazatlán en 2005, sin que a la fecha la Secretaría de Comunicaciones y Transportes haya pagado la indemnización correspondiente a las familias afectadas.

Durante una conferencia de prensa efectuada esta mañana, los ejidatarios expresaron en voz de Miguel Alvarado y su asesor Ernesto Pérez Virgen, que “parece convertirse en un hábito que las empresas registren altos beneficios económicos, mientras que a los dueños de la tierra, quienes vivimos en el campo y hemos sido desposeídos de manera ancestral, el poder político y el poder económico han llegado a despojarnos nuevamente y a usufructuar nuestras tierras sin antes nosotros haber recibido una indemnización como lo marca la ley, a precio justo y a valor comercial actualizado”.

Pérez Virgen argumentó que la denuncia no es contra el empresario Carlos Slim y su corporativo. “Ojala el señor Carlos Slim pueda ser aliado en un acto de justicia agraria para que a los campesinos les paguen su tierra; eso es lo que quisiéramos enfatizar porque es la SCT la responsable junto con la Reforma Agraria, hoy llamada Sedatu, los que violentaron los derechos campesinos y los que han provocado esta crisis y que pueden provocar una ingobernabilidad campesina en estos tres estados”.

Los dueños de la tierra aseguraron que ya no están dispuestos a que les ocurra un nuevo “ninguneo y discriminación” por ser campesinos, como ya sucedió en la autopista Tepic-Mazatlán, que se encuentra en funcionamiento desde el año 2005.

“A ocho años de su inauguración, no nos han pagado, mientras que la empresa constructora y concesionaria de dicho tramo, Carso e Inbursa del señor Carlos Slim Helú, habrían logrado dividendos que de acuerdo con los números obtenidos del propio Gobierno Federal, podrían superar los 4 mil millones de pesos”, expresó Miguel Alvarado.

De acuerdo con la página de Internet de la autopista Tepic – Mazatlán, la vía está concesionada a Promotora Inbursa, S. A. de C. V., y es operada por la empresa Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL).

Los ejidatarios dijeron que de acuerdo con una solicitud de información de 2010, la Secretaría de la Función Pública nos respondió que la autopista tiene un promedio de 3 mil acciones diarias, es decir, tres mil pases de transporte. En ella existen tres casetas: ubicadas en terrenos de los ejidos en Escuinapa, Acaponeta y Rosa Morada, Nayarit, lo que incrementa el número a 9 mil pases de caseta.

Pérez Virgen agregó que “la SCT, apoyándose en autoridades agrarias municipales y estatales, obligó a los campesinos, mediante actos de violencia, a firmar la aceptación de la construcción de la autopista, les hicieron firmar hojas de papel en blanco, que después resultaron convenios de ocupación previa, donde dicen que entregaron a unos siete mil pesos. Mucho del dinero entregado a los campesinos es dinero en efectivo y hay indicios que funcionarios de la SCT les quitaban hasta el 40 por ciento”.

El representante de los campesinos de los estados de Sinaloa, Durango y Nayarit agregó que “esta es una postura enérgica contra el Gobierno Federal, porque es el Gobierno Federal quien ha concesionado la tierra de los campesinos sin haberlas pagado y el dato duro de que las empresas de Carlos Slim son las que están ganando, pues lo damos como una prueba de la violación que hicieron los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, al concesionar la tierra de los campesinos de Nayarit y Sinaloa y no queremos que el Gobierno de Enrique Peña Nieto concesione la tierra de los campesinos de Mazatlán, del municipio de Concordia, Sinaloa y de los municipios de Durango y Pueblo Nuevo, en el estado de Durango, si antes no les paga a la tierra a los campesinos”.

Los ejidatarios afectados expresaron que en el caso de la autopista Mazatlán-Durango, desde el año 2003 comenzaron a construir a través de convenios de ocupación previa y es la fecha en que las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les niegan el resultado del avalúo de sus tierras y el monto de indemnización a la que tienen derecho.

“Queremos advertir a los funcionarios de la SCT, tanto aquí como a los que están en nuestros estados que los convenios de ocupación previa sólo sirven para construir, pero no para la operación de la concesión, de tal forma que estamos dispuestos a que si no nos han pagado al día de la inauguración, detendremos el funcionamiento de la autopista y de las empresas depredadoras de nuestros bienes”, sentenciaron durante la conferencia de prensa.

 

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lunes, 29 de julio de 2013

INVITACIÓN DESAYUNO - CONFERENCIA DE PRENSA







México, D. F., a 29 de julio de 2013

Sr(a). reportero(a) y/o
columnista y/o
jefe(a) de Información:

Los representantes de 29 Ejidos de los estados de Durango, Nayarit y Sinaloa, quehemos sido despojados de nuestras tierras para construir de manera ilegal laAutopista Durango-Mazatlán, le invitamos a que nos acompañe mañana a una conferencia de prensa que ofreceremos para dar a conocer cómo una de las empresas concesionarias, la de Carlos Slim, ha tenido jugosas ganancias económicas desde 8 años mientras a nosotros aún no nos pagan la tierra.

También daremos a conocer el monto del avalúo que nosotros hemos mandado a realizar. Como dueños de la tierra, además tenemos un amparo que nos protege para parar la obra y evitar la inauguración anunciada para octubre próximo, si antes no nos indemniza el gobierno federal.
La cita es a las 8:45 horas de mañana martes 30 de julio de 2013, en el Salón Tulum del hotel Manalba, ubicado en Antonio Caso No. 23, colonia Tabacalera, a una calle de la Glorieta de Colón, en el Distrito Federal.

Esperamos que este evento sea de su interés periodístico y le agradeceremos de antemano su presencia y la de un reportero gráfico o camarógrafo de su distinguido medio de comunicación.


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EJIDATARIOS DISPUESTOS A PARAR DEFINITIVAMENTE LA SÚPERCARRETERA MAZATLÁN-DURANGO






Boletín de prensa



* Exigen reparación de daños al ciento por ciento y conocer la corrida financiera de la misma, de lo contrario ejercerán el derecho de amparo otorgado por un juez desde febrero

México, D. F., a 17 de julio de 2013

Los ejidatarios duranguenses víctimas del abuso de funcionarios del Gobierno Federal y las empresas constructoras de la carretera Mazatlán-Durango, están dispuestos a hacer valer en los próximos días el amparo federal que los protege contra la obra, ante los oídos sordos frente a sus reclamos porque se reparen los daños patrimoniales y ambientales ocasionados, así como el pago de sus predios a precio comercial actualizado.

La acción sería la de parar definitivamente los trabajos de construcción de la vía concesionada y el cierre de la autopista alrededor del famoso Puente Baluarte (kilómetros 130 a 157), como lo realizaron entre el 31 de mayo al 14 de junio pasados, fecha en la que de buena fe levantaron la movilización, al ser conminados a una mesa de negociación de acuerdos.

José Félix Ávila García, comisariado ejidal de Pueblo Nuevo y Ernesto Pérez Virgen, representante legal de los dueños de la tierra, argumentaron que los ejidatarios ya se cansaron de tantas promesas y acuerdos incumplidos, por lo que retomarán nuevamente acciones drásticas “a lo que tope”.

En un documento entregado al director del Centro Durango de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), los ejidatarios le expresaron el pasado 12 de julio a Enrique León de la Barra Montelongo que por responsabilidad con el país y el estado decidieron construir el diálogo y acuerdos para la reparación del daño.

Sin embargo, los trabajos no sólo comenzaron a funcionar de forma lenta al grado de que al día de hoy no se ha cumplido ni el 10 por ciento de lo acordado, sino que también fueron excluidos de la reparación del daño innumerables predios que ya habían sido enlistados.

Por este motivo, los ejidatarios de Pueblo Nuevo, Chavarría Viejo, Chavarría Nuevo, San Antonio y Anexos, así como la Comunidad Chavarría Nuevo, pusieron un ultimátum a León de la Barra Montelongo para este día 23 de julio.

“Que (…) nos presente la corrida financiera del gasto público para la reparación de los daños que estamos reclamando ya firmados con usted y nos presenten un avance del 100% al 23 de julio del presente año, de no responder a esta petición impulsaremos de manera definitiva la salida de ustedes y de las constructoras de la tierra ejidal del ejido Pueblo Nuevo por la razón jurídica de tener la protección de la justicia federal por la vía del amparo”.

El 13 de febrero de este año el Juez Segundo de Distrito les otorgó el amparo de la justicia federal en el expediente 137/2013 a favor del Ejido Pueblo Nuevo, el cual fue ratificado el 7 de marzo.

Las empresas que trabajan en el lugar son Construcciones Omega y la española Aldesa.

La autopista Mazatlán- Durango se construye desde el 2004 y con el Puente Baluarte fue presumida pro el ex presidente Felipe Calderón como la obra de infraestructura más importante del último decenio en toda Latinoamérica. De acuerdo con Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, en su última visita a Durango el 4 de marzo de este año, la vía será concluida en octubre próximo con un costo de más de 20 mil millones de pesos.

 

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MAGISTRADA ACTÚA CONTRA EJIDATARIOS AFECTADOS POR AUTOPISTA MAZATLÁN-DURANGO




Boletín de prensa


* La magistrada Marcela Gerardina Ramírez Borjón se niega a cuantificar la apropiación de áreas más allá del derecho de vía, afectando los intereses de los ejidatarios de Durango 

Pueblo Nuevo, Dgo, a 11 de julio de 2013

Contrario a los actos de jurisdicción voluntaria que los ejidatarios afectados por la construcción de la autopista Mazatlán-Durango realizan en Sinaloa y Nayarit, la magistrada del 7º Tribunal Unitario Agrario con sede en la capital del estado, Marcela Gerardina Ramírez Borjón, actúa en contra de los intereses de los propietarios de la tierra en Durango.

Los representantes de 29 ejidos de Sinaloa, Durango y Nayarit emprendieron una lucha para que el Gobierno Federal vía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), les pague al precio comercial actualizado de más de mil 900 hectáreas utilizadas para la construcción de las autopistas, supercarreteras, libramientos y el famoso puente Baluarte en la vía Mazatlán- Durango, presumida como la más grande obra de ingeniería del sexenio anterior, no sólo en México sino en Latinoamérica.

Entre esas acciones está la de solicitar la jurisdicción voluntaria en los tres estados, con el fin de que se realice el deslinde (medición del terreno afectado) y se les declare el derecho que tienen de exigir la indemnización, para lo que la magistrada sólo tiene que cumplir lo que le solicitan los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, es decir, la medición, ya que para esta acción no hay pleito ni controversia.

En este caso, dicta la ley, la jurisdicción voluntaria sirve para el “apeo o deslinde de predios, para saber sus límites de superficie”.

Sin embargo, Ramírez Borjón y el topógrafo a su cargo, Francisco Cruz Cruz, han ejercido acciones dilatorias y decisiones autoritarias que afectan a los interesados, con tal de dilatar el proceso. Primero el topógrafo no se presentó a medir en la fecha inicialmente acordada porque supuestamente le robaron los aparatos tras ser asaltado.

Posteriormente la magistrada promovió un acuerdo para usar el GPS y pasaron otros 9-10 días para que se procediera a la firma del mismo. Finalmente el topógrafo llegó al ejido Pueblo Nuevo a pie. Los ejidatarios le pusieron todos los instrumentos para que trabajara, además de gasolina y viáticos, pero midió no lo acordado, sino sólo el derecho de vía que es de 60 metros de ancho.

Afirmó el representante de los ejidatarios afectados, Ernesto Pérez Virgen, que cuando le reclamaron que sólo midiera el derecho de vía, la respuesta fue que esa fue la instrucción de la magistrada.

Los dueños de la tierra afirman que ha sido afectada más tierra adentro del derecho de vía, como los cauces de los ríos, los ojos de agua, flora y fauna. “Y esto debe ser también medido”, añadió Pérez Virgen.

De tal suerte que ante la actitud de la magistrada, los ejidatarios han determinado perder el tiempo que ya habían ganado para reponer el proceso y dejar nada a la interpretación de Ramírez Borjón.

Por este motivo, ayer mismo realizaron una nueva Jurisdicción Voluntaria mediante la cual demandaron el deslinde y avalúo de sus tierras, así como el avalúo y estudio de mercado a valor comercial a precios actualizados.

“En Sinaloa y Nayarit la jurisdicción voluntaria ha caminado. Los topógrafos en Sinaloa y Nayarit están midiendo lo que demandaron los campesinos”, expresó Pérez Virgen, quien detalló que además del derecho de vía, se deben medir como en los otros estados, “los daños colaterales como son la apropiación de más terreno, daños ambientales, daños a las comunidades y otros”.

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EJIDATARIOS, VÍCTIMAS DE CONSTRUCTORAS EN AUTOPISTA MAZATLÁN-DURANGO




Boletín de prensa

* Las constructoras Aldesa con su filial Aldesem, Omega Construcciones Industriales y Carso Infraestructura de Carlos Slim, entre otras se niegan a reparar los daños ocasionados a las comunidades y el medio ambiente

México, D. F., a 4 de julio de 2013

Los ejidatarios de los estados de Sinaloa, Durango y Nayarit en cuyas tierras se construyó la autopista Mazatlán-Durango y el Puente Baluarte son víctimas no sólo de los ex funcionarios de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, sino también de las empresas constructoras que han dañado a sus comunidades y el medio ambiente y se niegan a realizar las reparaciones de los daños que son aún incuantificables.

Ernesto Pérez Virgen, representante de los 29 ejidos afectados informó en días pasados a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que “las constructoras a quienes ustedes les han concesionado nuestras tierras para construir la autopista han provocado daños a nuestra productividad, a nuestros bosques, a nuestros ojos de agua, a nuestros pastizales, a nuestros pueblos sin que a esas constructoras se les haga responsable de reparar estos daños que nos han ocasionado”.

Las constructoras a las que se refieren los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios de los tres estados son la española Aldesa con su filial Aldesem, Omega Construcciones Industriales y Carso Infraestructura de Carlos Slim, entre otras.

Una de estas empresas, la española Aldesa es investigada en España como parte del proceso que se sigue a Luis Bárcenas por la doble contabilidad en el PP, por presuntas donaciones al Partido Popular, es decir, presunta corrupción en la etapa del gobierno de José María Aznar, para la adjudicación de contratos de obra.

El representante de los campesinos advirtió que los daños son cuantiosos y “queremos que se realice avalúo por los daños… que las autoridades correspondientes realicen la cuantificación de los daños y obliguen a las constructoras a la reparación de los mismos. No queremos ser nosotros quienes pongamos el precio porque la tierra como estaba es invaluable”.

Por ejemplo, en el ejido Pueblo Nuevo de Durango dañaron el bosque reproductor de la Huacamaya Verde (Ara Militaris), que es una especie en peligro de extinción y también fue afectada una de las zonas de mayor productividad forestal, Pino Gordo. En los ejidos Chavarría Nuevo, Chavarría Viejo y Comunidad de Chavarría Nuevo les incomunicaron sus servicios turísticos de cabañas, las zonas forestales de producción agrícola y ganadera, les aterraron (llenaron de escombro y piedra) los saltos de agua, manantiales y arroyos.

El Pueblo de Coscomate prácticamente lo enterraron y dividieron con el paso de la autopista, perdiendo los ejidatarios pobladores del lugar el millón 200 mil pesos que recibían anualmente por el concepto de servicios ambientales (proteger y cuidar la zona boscosa) por parte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

En Nayarit incomunicaron 23 pueblos rumbo a la sierra, que es paso ganadero, desviaron el río Acaponeta, provocando grandes inundaciones, lo mismo que en el Río Pánuco. Secaron ojos de agua que alimentaban a poblaciones completas e iIncomunicaron cerca de 2 mil hectáreas productivas de mango, además de que construyeron alcantarillas enanas, que ha provocado inundaciones a parcelas.

En tanto, en Sinaloa la Dirección de la SCT con el apoyo del gobierno municipal de Mazatlán encabezado por Alejandro Higuera Osuna, instrumentaron acciones penales y represivas contra líderes ejidales y pequeños propietarios que plateaban negociar el pago de la tierra en donde se está construyendo el libramiento tres: los dirigentes ejidales y pequeños propietarios siguen un proceso penal a pesar que la PGR ha dictaminado que los encarcelados no estaban en el lugar que señaló la SCT en la denuncia penal.

En prácticamente todos los casos el material y residuos vertidos en los arroyos, van a contaminar las presas con azolves, como lo advirtió la Profepa en estudios realizados. "Uno de los españoles de Aldesa nos dijo, pero lezzzh vamos a dejar una zzzhupercarretera", expresó José Luis Coria Quiñones.

Los ejidatarios exigen que se construyan los puentes, caminos saca cosechas y pasos de ganado ya dados a conocer a los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y los responsables de las empresas constructoras, así como la reparación de los cauces de los arroyos, de los ríos Pánuco y Acaponeta; la recuperación de los ojos de agua, así como la reforestación de los bosques y pastos que alimentan el ganado y la fauna silvestre.

Los daños no sólo afectan la circulación de los productos agrícolas y ganaderos de los campesinos, sino que provocan un mayor empobrecimiento en sus ingresos económicos y disminuyen sus niveles de alimentación familiar y lesionando sus niveles de vida y su futuro como sujetos productivos, agregó Pérez Virgen.

 
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SOLICITAN A PEÑA ENDEREZAR LO QUE ENCHUECARON FOX Y CALDERÓN

Boletín de prensa

 

* Ejidatarios exigen el pago por tierras afectadas para la vía Mazatlán-Durango y puente Baluarte, además de reparar los daños ambientales provocados

México, D. F., a 27 de junio de 2013

Los representantes de 29 ejidos, comunidades y pequeños propietarios de Sinaloa, Durango y Nayarit, esperan una respuesta de la Presidencia de la República de Enrique Peña Nieto, a la que le solicitaron intervenir para resolver lo que las de Vicente Fox y Felipe Calderón complicaron en torno a la propiedad, uso y reparación de daños de las tierras afectadas por la vía Mazatlán-Durango y el mutipublicitado Puente Baluarte.

En un escrito dirigido y entregado a la Presidencia de la República, con fecha del 7 de junio pasado, solicitaron al primer Mandatario una mesa donde se les permita llegar a acuerdos para obtener el “pago de nuestra la tierra sin expropiación, en donde se construyeron autopistas y libramientos ya que la Ley Agraria así lo permite”.

En un tercer punto, solicitaron con “carácter urgente reparar los daños ambientales, ecológicos, productivos y de salud provocados por la construcción depredadora en nuestras tierras (de) las autopistas mencionadas, así como la de dar cumplimiento a los acuerdos firmados con la SCT y empresas privadas de la construcción, para la rehabilitación y construcción de puentes y caminos laterales para la comunicación y circulación comercial, ganadera, de bienes y servicios comunitarios”.

El representante de los campesinos afectados, Ernesto Pérez Virgen, destacó "sólo deseamos que el actual gobierno resuelva lo que los otros afectaron; es decir, que enderece lo que Vicente Fox, Felipe Calderón y sus funcionarios enchuecaron, porque se pueden hacer las cosas bien, de manera ordenada y cumpliendo cada quien con lo que le corresponde y no lo hicieron".

Los representantes del área afectada en los estados mencionados estuvieron en la Ciudad de México la semana pasada para ofrecer una conferencia de prensa. En ella, Pérez Virgen destacó que nunca se opusieron a la realización del proyecto.

“Lo único que exigimos, es el respeto a nuestros derechos, a nuestro entorno y a no ser discriminados por nuestro origen campesino o rural. Nos negamos a ser excluidos. Por el contrario, queremos ser incluidos”, expresaron los ejidatarios.

El documento fue firmado por el sur de Durango por José Félix Ávila García, Andrés Medrano Quiñones, Miguel Alvarado, José Luis Coria Quiñones y Filemón Valenzuela Alemán; por el sur de Sinaloa, por Humberto López Mendoza, Luis Enrique Gutiérrez Prado, José Manuel Raygoza y Pedro Loaiza Velarde, mientras que por el norte de Nayarit lo hicieron Daniel Bravo García, Nicolás Orozco Simental, Humberto Huerta Verdín y Ángel Ortiz Rodríguez.

En él también solicitaron “auditar las finanzas que BANOBRAS autorizó y destinó a la Dirección de la SCT en Sinaloa, Nayarit y Durango para el pago de los bienes de los campesinos que perdieron sus aguas, bosques, cercos, norias, árboles frutales, maderables, de sombra, flora, fauna y tierras productivas”.

Pérez Virgen dijo a nombre de sus representados que esperarán un tiempo prudente la respuesta de la Presidencia de la República porque, de lo contrario, acudirán como lo hacen todos los grupos desatendidos, a la capital del país a plantarse hasta que los escuchen.

 
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jueves, 4 de julio de 2013

DENUNCIAN EJIDATARIOS ILEGALIDAD DE SCT EN CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA MAZATLÁN-DURANGO

* A punto de ser inaugurada en su totalidad, no han sido indemnizados ni les han dado a conocer el avalúo por las tierras ocupadas; ganaron tres amparos que son violados por constructoras, con respaldo de la SCT

México, D. F., a 21 de junio de 2013

Representantes de 29 ejidos de los estados de Durango, Sinaloa y Nayarit dieron a conocer esta mañana la apropiación ilegal, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de aproximadamente 1 mil 900 hectáreas para la construcción de las autopistas, supercarreteras, libramientos y el famoso puente Baluarte en la vía Durango-Mazatlán, presumida como la más grande obra de ingeniería del sexenio anterior no sólo en México sino en Latinoamérica.

Los ejidatarios dieron a conocer que a pesar de carecer de diálogo con los actuales funcionarios, conceden el beneficio de la duda al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para que les resuelva sus demandas de alcanzar una indemnización legal y justa, recordándole su discurso del 6 de enero pasado.

Con la obra en un 90 por ciento de ejecución y con tramos en operación, las irregularidades llegan a tal punto que los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios afectados —que representan a más de tres mil familias— no han sido indemnizados y desconocen a ciencia cierta la cantidad de tierra afectada y el monto del avalúo.

Miguel Ángel Alvarado, representante del Ejido Chavarría Viejo de Durango, dio a conocer que “funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Juan Molinar Horcasitas y Dionisio Pérez Jácome Friscione, llegaron imponiendo un acuerdo de ocupación previa mediante amenazas, cooptación, secuestros y engaños con firmas en hojas en blanco”.

Sin embargo, los acuerdos sobre los que se basa la ejecución de la obra son ilegales, como lo sentenciaron tres recursos de amparo que fueron fallados a su favor, a la espera de que caminen 26 más: Los amparos ganados son el 145/2010 otorgado al ejido Ojo de Agua de Palmillas, en Sinaloa; el 323/2010 para la comunidad de Malpica, también en Sinaloa y el más reciente del 13 de febrero de este año y ratificado el 7 de marzo, el 137/2013 a favor del Ejido Pueblo Nuevo.

“Con estos elementos jurídicos a nuestro favor, queríamos negociar. Sin embargo, frente al silencio escuchado por parte de las distintas autoridades gubernamentales, el pasado 31 de mayo los habitantes de los ejidos Pueblo Nuevo, San Antonio y Anexos, Chavarría Viejo, Chavarría Nuevo y Comunidad de Chavarría Nuevo, realizamos una movilización y aplicamos el derecho constitucional del amparo”, expresó Alvarado.

Agregó que “a partir del 7 de marzo que quedó firme, (el amparo) ha sido violentado por las constructoras con el respaldo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues mantienen las actividades, pese a que el juez decretó que las cosas debían quedarse en el estado en el que se encontraban al momento de la sentencia”.

Hoy los representantes de aproximadamente 3 mil familias de los tres estados quisieron “dar a conocer el abuso del que hemos sido objeto por parte de las anteriores autoridades del Gobierno de la República y con el fin de poder dialogar y llegar a un acuerdo con los nuevos funcionarios de la Federación”.

Al realizar una valoración de los daños, Felipe Coria Quiñones destacó que las afectaciones quizá no puedan medirse inmediatamente, “el daño es cuantificable en periodos superiores a 60 años y ese es el más grande peligro forestal y de producción”.

Añadió que desean ser incluidos en el proyecto de desarrollo alrededor de la vía Mazatlán-Durango, pero “no por estar en él debemos cargar con todo el costo, así que es innegociable la restitución de daños y una indemnización justa por nuestras tierras”.

Un aspecto importante para los ejidatarios pero también para el medio ambiente, describió Felipe Coria, es la afectación al bosque reproductor de la guacamaya verde o Ara Militaris, que fue dividido por el trazo de la carretera, lo que poco a poco obligará al ave a salir de ese territorio, además de que ellos dejaron de percibir un millón 200 mil pesos anuales por concepto de servicios ambientales, es decir, por el cuidado del bosque que ha sido afectactado en un 80 por ciento.

A lo largo del trazado de la Vía Mazatlán Durango se afectarán grandes plantaciones de mango de exportación, bosque de maderas, sorgo, maíz y otras gramíneas.

Finalmente, Ernesto Pérez Virgen, representante de los ejidatarios de los tres estados señaló que las empresas que han producido las afectaciones ambientales son entre otras la española Aldesa, Tradeco, Omega y Carso.

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