GOBIERNO DE DURANGO MIENTE A EJIDATARIOS; SOLOS LOGRAN AVANCES EN DEPENDENCIAS FEDERALES

Boletín de prensa

* Los campesinos afectados por la carretera Durango-Mazatlán hicieron llegar sus avalúos a la SCT, Gobernación, SEDATU, INDAABIN y a la Presidencia de la República

Mazatlán, Sin., a 5 de agosto de 2013

Los ejidatarios afectados por la construcción de la Autopista Mazatlán-Durango denunciaron que al incumplir nuevamente el Gobierno del estado y la delegación estatal de la SCT a la sociedad y a ellos, debieron acudir la semana pasada a la capital del país para realizar trámites directos en las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Gobernación, para obtener un trato justo o de lo contrario volverán a realizar manifestaciones, el cierre de la vía rápida y plantones.

El presidente del comisariado de San Antonio y Anexos, Héctor González Muñiz, dijo que con el fin de que los ejidatarios levantaran el bloqueo carretero de 12 días iniciado el 31 de mayo pasado, el gobierno del estado se comprometió por escrito y de palabra a solicitar una audiencia con el titular de la SCT, sin embargo, a falta de una respuesta, fueron la ciudad de México.

Por sí mismos consiguieron una reunión con Héctor Armando Arvizu, director general de Carreteras, oficina donde les dijeron que el Gobierno del Estado de Durango, por conducto del Secretario de Gobierno, Jaime Fernández Saracho, nunca solicitó la audiencia prometida con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.

La noche del 12 de junio se firmaron 45 acuerdos para la reparación de los daños y obras complementarias en beneficio de los ejidos que tienen cabañas y para la circulación de los campesinos de la zona de Pino Gordo a la autopista; de esos 45 compromisos firmados, desaparecieron tres y las obras complementarias fueron borradas en su totalidad del cuerpo de los convenios.

Es el día, también, que de los acuerdos pactados solamente se ha cumplido el 10 por ciento de los mismos, dieron a conocer esta mañana en conferencia de prensa.

En cambio, agregó el presidente del comisariado de San Antonio y Anexos, Héctor González Muñiz, en la ciudad de México tuvieron encuentros en la Secretaria de Gobernación con el Director de Atención a Movimiento Sociales, Héctor Miraríos Rocha; con el director de carreteras de la SCT; con el titular de la SEDATU y el de INDAABIN (Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales), donde se tuvieron avances.

“También hemos de informarles que la Secretaria de Gobernación, SEDATU, SCT, INDAABIN y Presidencia de la Republica hicimos llegar nuestros avalúos de 633,000 por hectárea al Ejido Pueblo Nuevo; 1’444,088.75 por hectárea para el Ejido San Antonio y Anexos; 828,662.63 por hectárea para la Comunidad de Chavarría Nuevo; 1’062,990.14 por hectárea para el Ejido Chavarría Viejo y 934,000 por hectárea ejido para el Ejido Chavarría Nuevo”, expresaron los ejidatarios.

Los representantes de los ejidos dijeron a los medios de comunicación que “estos avalúos fueron elaborados de manera profesional, con el método científico y técnico correspondiente, demostrando que la propuesta de SCT de proponer pagarnos a 7,000.00 por hectárea o 26,000.00 por hectárea, como pagó el gobierno del estado de Durango a los ejidos del mismo municipio, está totalmente alejado del valor del mercado contemplado y de la legalidad, normas y reglamentos de las leyes de mercado que se utilizan para la valoración de los bienes que adquieren transición comercial, por parte del gobierno o de intereses privados”.

Por ello, expresaron, nuestra postura en Durango es que si no nos pagan nuestra tierra y nos reparan el daño realizaremos manifestaciones, locales, estatales e internacionales e iremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Comunidad Económica Europea.
 

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1.- Fueron engañados por el Gobierno de Durango que se ofreció como enlace para que los atendieran en la SCT, denunciaron.

2.-  Entregaron sus avalúos directamente en las dependencias interesadas en el caso, ya que no quieren volver a ser engañados.
 

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EJIDATARIOS DAN A CONOCER PROBABLES MALOS MANEJOS DE RECURSOS EN SCT DE SINALOA Y NAYARIT

Boletín de prensa

* En la SCT un acuerdo para revisar, con Banobras, el monto de los recursos liberados para el pago de las diversas indemnizaciones, entre ellas, los bienes diferentes a la tierra

México, D. F., a 3 de agosto de 2013

El manejo discrecional por parte de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del dinero para pagar indemnizaciones a los campesinos afectados por la construcción de la autopista Tepic-Mazatlán y el Libramiento 3 en esta ciudad, es un ingrediente adicional al perjuicio en contra de los dueños de la tierra que debe investigarse.

Lo anterior fue afirmado por Ernesto Pérez Virgen, quien en conferencia de prensa junto con los afectados, informó sobre las negociaciones que los representantes de 29 ejidos de los estados de Sinaloa, Durango y Nayarit realizaron la semana que está por terminar en la ciudad de México.

Pérez Virgen dijo a los medios esta mañana en conferencia de prensa que entre los municipios de Acaponeta y Rosa Morada, Nayarit y Escuinapa, Sinaloa aportaron 700 hectáreas y los ejidatarios sólo han recibido cerca de 45 millones de pesos, la mayoría de las veces con dinero en efectivo que implicaría abusos por parte de los funcionarios, ya que los pagos oficiales deben realizarse a través de cheques a los beneficiarios.

De hecho, la mayoría de los campesinos que recibieron el dinero, lo hicieron porque fueron amenazados o coaccionados de diferentes formas por parte de los funcionarios, afirmó quien hoy es su representante para litigar la verdadera indemnización.

Por ese motivo, el pasado jueves 29 de julio los representantes de los ejidatarios lograron con la Dirección General de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) un acuerdo para revisar, con el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), el monto de los recursos liberados para el pago de las diversas indemnizaciones, entre ellas, los bienes diferentes a la tierra.

Asimismo, dieron a conocer que investigarán si entre los 1,612 millones de pesos por los que habrían pagado las empresas de Carlos Slim por la concesión de la autopista Tepic-Mazatlán estaba contemplado también para el pago de los bienes ejidales, ya que se necesitaron 1,300 hectáreas para la construcción de la vía.

También será investigado el caso del ejido Chicura, perteneciente a Mazatlán donde se construye el Libramiento Tres, para el que Banobras autorizó 5 millones de pesos para pagar bienes diferentes a la tierra y sólo llegaron a los campesinos 900 mil pesos y de ellos, el 40 por ciento los funcionarios de la SCT se lo quitaron a los campesinos, dizque “para la causa”.
 

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1.- Ernesto Pérez Virgen.
 

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USUFRUCTÚA EMPRESA DE SLIM CARRETERA DESDE 2005 SIN QUE SCT HAYA PAGADO PREDIOS

Boletín de prensa

* Campesinos ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios de tres estados están dispuestos a evitar que ocurra lo mismo en la carretera Mazatlán-Durango; la Tepic-Mazatlán habría logrado beneficios superiores a 4 mil mdp; solicitan a Slim que tenga sensibilidad y se convierta en su aliado

México, D. F., a 30 de julio de 2013

Los representantes de 29 ejidos de los estados de Durango, Sinaloa y Nayarit dieron a conocer esta mañana que la empresa Promotora Inbursa, propiedad de Carlos Slim Helú, ha logrado ingresos probablemente superiores a los 4 mil millones de pesos desde la puesta en funcionamiento de la autopista Tepic-Mazatlán en 2005, sin que a la fecha la Secretaría de Comunicaciones y Transportes haya pagado la indemnización correspondiente a las familias afectadas.

Durante una conferencia de prensa efectuada esta mañana, los ejidatarios expresaron en voz de Miguel Alvarado y su asesor Ernesto Pérez Virgen, que “parece convertirse en un hábito que las empresas registren altos beneficios económicos, mientras que a los dueños de la tierra, quienes vivimos en el campo y hemos sido desposeídos de manera ancestral, el poder político y el poder económico han llegado a despojarnos nuevamente y a usufructuar nuestras tierras sin antes nosotros haber recibido una indemnización como lo marca la ley, a precio justo y a valor comercial actualizado”.

Pérez Virgen argumentó que la denuncia no es contra el empresario Carlos Slim y su corporativo. “Ojala el señor Carlos Slim pueda ser aliado en un acto de justicia agraria para que a los campesinos les paguen su tierra; eso es lo que quisiéramos enfatizar porque es la SCT la responsable junto con la Reforma Agraria, hoy llamada Sedatu, los que violentaron los derechos campesinos y los que han provocado esta crisis y que pueden provocar una ingobernabilidad campesina en estos tres estados”.

Los dueños de la tierra aseguraron que ya no están dispuestos a que les ocurra un nuevo “ninguneo y discriminación” por ser campesinos, como ya sucedió en la autopista Tepic-Mazatlán, que se encuentra en funcionamiento desde el año 2005.

“A ocho años de su inauguración, no nos han pagado, mientras que la empresa constructora y concesionaria de dicho tramo, Carso e Inbursa del señor Carlos Slim Helú, habrían logrado dividendos que de acuerdo con los números obtenidos del propio Gobierno Federal, podrían superar los 4 mil millones de pesos”, expresó Miguel Alvarado.

De acuerdo con la página de Internet de la autopista Tepic – Mazatlán, la vía está concesionada a Promotora Inbursa, S. A. de C. V., y es operada por la empresa Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL).

Los ejidatarios dijeron que de acuerdo con una solicitud de información de 2010, la Secretaría de la Función Pública nos respondió que la autopista tiene un promedio de 3 mil acciones diarias, es decir, tres mil pases de transporte. En ella existen tres casetas: ubicadas en terrenos de los ejidos en Escuinapa, Acaponeta y Rosa Morada, Nayarit, lo que incrementa el número a 9 mil pases de caseta.

Pérez Virgen agregó que “la SCT, apoyándose en autoridades agrarias municipales y estatales, obligó a los campesinos, mediante actos de violencia, a firmar la aceptación de la construcción de la autopista, les hicieron firmar hojas de papel en blanco, que después resultaron convenios de ocupación previa, donde dicen que entregaron a unos siete mil pesos. Mucho del dinero entregado a los campesinos es dinero en efectivo y hay indicios que funcionarios de la SCT les quitaban hasta el 40 por ciento”.

El representante de los campesinos de los estados de Sinaloa, Durango y Nayarit agregó que “esta es una postura enérgica contra el Gobierno Federal, porque es el Gobierno Federal quien ha concesionado la tierra de los campesinos sin haberlas pagado y el dato duro de que las empresas de Carlos Slim son las que están ganando, pues lo damos como una prueba de la violación que hicieron los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, al concesionar la tierra de los campesinos de Nayarit y Sinaloa y no queremos que el Gobierno de Enrique Peña Nieto concesione la tierra de los campesinos de Mazatlán, del municipio de Concordia, Sinaloa y de los municipios de Durango y Pueblo Nuevo, en el estado de Durango, si antes no les paga a la tierra a los campesinos”.

Los ejidatarios afectados expresaron que en el caso de la autopista Mazatlán-Durango, desde el año 2003 comenzaron a construir a través de convenios de ocupación previa y es la fecha en que las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les niegan el resultado del avalúo de sus tierras y el monto de indemnización a la que tienen derecho.

“Queremos advertir a los funcionarios de la SCT, tanto aquí como a los que están en nuestros estados que los convenios de ocupación previa sólo sirven para construir, pero no para la operación de la concesión, de tal forma que estamos dispuestos a que si no nos han pagado al día de la inauguración, detendremos el funcionamiento de la autopista y de las empresas depredadoras de nuestros bienes”, sentenciaron durante la conferencia de prensa.
 

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1.- Miguel Alvarado dio a conocer los datos duros de que las empresas de Carlos Slim han ganado probablemente más de 4 mil millones de pesos, mientras los campesinos siguen sin cobrar el valor de sus tierras.

2.- Los ejidatarios dueños de la tierra por donde pasará la autopista Mazatlán-Durango no están dispuestos a que les pase lo mismo que a sus compañeros en la Tepic-Mazatlán.

3.- Ernesto Pérez Virgen dijo que no están contra la modernización del país ni de las empresas, sino contra la injusticia perpetrada por funcionarios de la SCT.

4.- Los dueños de la tierra aseguraron que ya no están dispuestos a que les ocurra un nuevo “ninguneo y discriminación” por ser campesinos.
 

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INVITACIÓN DESAYUNO - CONFERENCIA DE PRENSA

México, D. F., a 29 de julio de 2013

Sr(a). reportero(a) y/o
columnista y/o
jefe(a) de Información:

Los representantes de 29 Ejidos de los estados de Durango, Nayarit y Sinaloa, quehemos sido despojados de nuestras tierras para construir de manera ilegal laAutopista Durango-Mazatlán, le invitamos a que nos acompañe mañana a una conferencia de prensa que ofreceremos para dar a conocer cómo una de las empresas concesionarias, la de Carlos Slim, ha tenido jugosas ganancias económicas desde 8 años mientras a nosotros aún no nos pagan la tierra.

También daremos a conocer el monto del avalúo que nosotros hemos mandado a realizar. Como dueños de la tierra, además tenemos un amparo que nos protege para parar la obra y evitar la inauguración anunciada para octubre próximo, si antes no nos indemniza el gobierno federal.

La cita es a las 8:45 horas de mañana martes 30 de julio de 2013, en el Salón Tulum del hotel Manalba, ubicado en Antonio Caso No. 23, colonia Tabacalera, a una calle de la Glorieta de Colón, en el Distrito Federal.

Esperamos que este evento sea de su interés periodístico y le agradeceremos de antemano su presencia y la de un reportero gráfico o camarógrafo de su distinguido medio de comunicación.

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EJIDATARIOS DISPUESTOS A PARAR DEFINITIVAMENTE LA SÚPERCARRETERA MAZATLÁN-DURANGO

Boletín de prensa

* Exigen reparación de daños al ciento por ciento y conocer la corrida financiera de la misma, de lo contrario ejercerán el derecho de amparo otorgado por un juez desde febrero

México, D. F., a 17 de julio de 2013

Los ejidatarios duranguenses víctimas del abuso de funcionarios del Gobierno Federal y las empresas constructoras de la carretera Mazatlán-Durango, están dispuestos a hacer valer en los próximos días el amparo federal que los protege contra la obra, ante los oídos sordos frente a sus reclamos porque se reparen los daños patrimoniales y ambientales ocasionados, así como el pago de sus predios a precio comercial actualizado.

La acción sería la de parar definitivamente los trabajos de construcción de la vía concesionada y el cierre de la autopista alrededor del famoso Puente Baluarte (kilómetros 130 a 157), como lo realizaron entre el 31 de mayo al 14 de junio pasados, fecha en la que de buena fe levantaron la movilización, al ser conminados a una mesa de negociación de acuerdos.

José Félix Ávila García, comisariado ejidal de Pueblo Nuevo y Ernesto Pérez Virgen, representante legal de los dueños de la tierra, argumentaron que los ejidatarios ya se cansaron de tantas promesas y acuerdos incumplidos, por lo que retomarán nuevamente acciones drásticas “a lo que tope”.

En un documento entregado al director del Centro Durango de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), los ejidatarios le expresaron el pasado 12 de julio a Enrique León de la Barra Montelongo que por responsabilidad con el país y el estado decidieron construir el diálogo y acuerdos para la reparación del daño.

Sin embargo, los trabajos no sólo comenzaron a funcionar de forma lenta al grado de que al día de hoy no se ha cumplido ni el 10 por ciento de lo acordado, sino que también fueron excluidos de la reparación del daño innumerables predios que ya habían sido enlistados.

Por este motivo, los ejidatarios de Pueblo Nuevo, Chavarría Viejo, Chavarría Nuevo, San Antonio y Anexos, así como la Comunidad Chavarría Nuevo, pusieron un ultimátum a León de la Barra Montelongo para este día 23 de julio.

“Que (…) nos presente la corrida financiera del gasto público para la reparación de los daños que estamos reclamando ya firmados con usted y nos presenten un avance del 100% al 23 de julio del presente año, de no responder a esta petición impulsaremos de manera definitiva la salida de ustedes y de las constructoras de la tierra ejidal del ejido Pueblo Nuevo por la razón jurídica de tener la protección de la justicia federal por la vía del amparo”.

El 13 de febrero de este año el Juez Segundo de Distrito les otorgó el amparo de la justicia federal en el expediente 137/2013 a favor del Ejido Pueblo Nuevo, el cual fue ratificado el 7 de marzo.

Las empresas que trabajan en el lugar son Construcciones Omega y la española Aldesa.

La autopista Mazatlán- Durango se construye desde el 2004 y con el Puente Baluarte fue presumida pro el ex presidente Felipe Calderón como la obra de infraestructura más importante del último decenio en toda Latinoamérica. De acuerdo con Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, en su última visita a Durango el 4 de marzo de este año, la vía será concluida en octubre próximo con un costo de más de 20 mil millones de pesos.
 

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1.- Los ejidatarios ya pararon la construcción entre el 31 de mayo y 14 de junio pasados, pero aceptaron el diálogo y han sido burlados.

2.- Están dispuestos a cerrar la carretera si no les resuelven antes del día 23.

3.- La supercarretera Mazatlán-Durango tiene un costo de más de 20 mil millones de pesos pero a los dueños de la tierra no les han pagado.

4.- Las constructoras han causado gran deterioro ambiental y no quieren recoger su cochinero.

5.- Escrito al director general del Centro SCT en Durango.

6.- Los ejidos involucrados enviaron su ultimatun el pasado día 11 y fue recibido el 12 de julio.
 

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MAGISTRADA ACTÚA CONTRA EJIDATARIOS AFECTADOS POR AUTOPISTA MAZATLÁN-DURANGO

Boletín de prensa

* La magistrada Marcela Gerardina Ramírez Borjón se niega a cuantificar la apropiación de áreas más allá del derecho de vía, afectando los intereses de los ejidatarios de Durango 

Pueblo Nuevo, Dgo, a 11 de julio de 2013

Contrario a los actos de jurisdicción voluntaria que los ejidatarios afectados por la construcción de la autopista Mazatlán-Durango realizan en Sinaloa y Nayarit, la magistrada del 7º Tribunal Unitario Agrario con sede en la capital del estado, Marcela Gerardina Ramírez Borjón, actúa en contra de los intereses de los propietarios de la tierra en Durango.

Los representantes de 29 ejidos de Sinaloa, Durango y Nayarit emprendieron una lucha para que el Gobierno Federal vía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), les pague al precio comercial actualizado de más de mil 900 hectáreas utilizadas para la construcción de las autopistas, supercarreteras, libramientos y el famoso puente Baluarte en la vía Mazatlán- Durango, presumida como la más grande obra de ingeniería del sexenio anterior, no sólo en México sino en Latinoamérica.

Entre esas acciones está la de solicitar la jurisdicción voluntaria en los tres estados, con el fin de que se realice el deslinde (medición del terreno afectado) y se les declare el derecho que tienen de exigir la indemnización, para lo que la magistrada sólo tiene que cumplir lo que le solicitan los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, es decir, la medición, ya que para esta acción no hay pleito ni controversia.

En este caso, dicta la ley, la jurisdicción voluntaria sirve para el “apeo o deslinde de predios, para saber sus límites de superficie”.

Sin embargo, Ramírez Borjón y el topógrafo a su cargo, Francisco Cruz Cruz, han ejercido acciones dilatorias y decisiones autoritarias que afectan a los interesados, con tal de dilatar el proceso. Primero el topógrafo no se presentó a medir en la fecha inicialmente acordada porque supuestamente le robaron los aparatos tras ser asaltado.

Posteriormente la magistrada promovió un acuerdo para usar el GPS y pasaron otros 9-10 días para que se procediera a la firma del mismo. Finalmente el topógrafo llegó al ejido Pueblo Nuevo a pie. Los ejidatarios le pusieron todos los instrumentos para que trabajara, además de gasolina y viáticos, pero midió no lo acordado, sino sólo el derecho de vía que es de 60 metros de ancho.

Afirmó el representante de los ejidatarios afectados, Ernesto Pérez Virgen, que cuando le reclamaron que sólo midiera el derecho de vía, la respuesta fue que esa fue la instrucción de la magistrada.

Los dueños de la tierra afirman que ha sido afectada más tierra adentro del derecho de vía, como los cauces de los ríos, los ojos de agua, flora y fauna. “Y esto debe ser también medido”, añadió Pérez Virgen.

De tal suerte que ante la actitud de la magistrada, los ejidatarios han determinado perder el tiempo que ya habían ganado para reponer el proceso y dejar nada a la interpretación de Ramírez Borjón.

Por este motivo, ayer mismo realizaron una nueva Jurisdicción Voluntaria mediante la cual demandaron el deslinde y avalúo de sus tierras, así como el avalúo y estudio de mercado a valor comercial a precios actualizados.

“En Sinaloa y Nayarit la jurisdicción voluntaria ha caminado. Los topógrafos en Sinaloa y Nayarit están midiendo lo que demandaron los campesinos”, expresó Pérez Virgen, quien detalló que además del derecho de vía, se deben medir como en los otros estados, “los daños colaterales como son la apropiación de más terreno, daños ambientales, daños a las comunidades y otros”.

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1.- Portada de la nueva demanda de Jurisdicción Voluntaria interpuesta por los representantes de uno de los ejidos: Comunidad Chavarría Nuevo.

2.-  Demandaron el deslinde y avalúo de sus tierras, así como el avalúo y estudio de mercado a valor comercial a precios actualizados.
 

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EJIDATARIOS, VÍCTIMAS DE CONSTRUCTORAS EN AUTOPISTA MAZATLÁN-DURANGO

Boletín de prensa

* Las constructoras Aldesa con su filial Aldesem, Omega Construcciones Industriales y Carso Infraestructura de Carlos Slim, entre otras se niegan a reparar los daños ocasionados a las comunidades y el medio ambiente

México, D. F., a 4 de julio de 2013

Los ejidatarios de los estados de Sinaloa, Durango y Nayarit en cuyas tierras se construyó la autopista Mazatlán-Durango y el Puente Baluarte son víctimas no sólo de los ex funcionarios de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, sino también de las empresas constructoras que han dañado a sus comunidades y el medio ambiente y se niegan a realizar las reparaciones de los daños que son aún incuantificables.

Ernesto Pérez Virgen, representante de los 29 ejidos afectados informó en días pasados a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que “las constructoras a quienes ustedes les han concesionado nuestras tierras para construir la autopista han provocado daños a nuestra productividad, a nuestros bosques, a nuestros ojos de agua, a nuestros pastizales, a nuestros pueblos sin que a esas constructoras se les haga responsable de reparar estos daños que nos han ocasionado”.

Las constructoras a las que se refieren los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios de los tres estados son la española Aldesa con su filial Aldesem, Omega Construcciones Industriales y Carso Infraestructura de Carlos Slim, entre otras.

Una de estas empresas, la española Aldesa es investigada en España como parte del proceso que se sigue a Luis Bárcenas por la doble contabilidad en el PP, por presuntas donaciones al Partido Popular, es decir, presunta corrupción en la etapa del gobierno de José María Aznar, para la adjudicación de contratos de obra.

El representante de los campesinos advirtió que los daños son cuantiosos y “queremos que se realice avalúo por los daños… que las autoridades correspondientes realicen la cuantificación de los daños y obliguen a las constructoras a la reparación de los mismos. No queremos ser nosotros quienes pongamos el precio porque la tierra como estaba es invaluable”.

Por ejemplo, en el ejido Pueblo Nuevo de Durango dañaron el bosque reproductor de la Huacamaya Verde (Ara Militaris), que es una especie en peligro de extinción y también fue afectada una de las zonas de mayor productividad forestal, Pino Gordo. En los ejidos Chavarría Nuevo, Chavarría Viejo y Comunidad de Chavarría Nuevo les incomunicaron sus servicios turísticos de cabañas, las zonas forestales de producción agrícola y ganadera, les aterraron (llenaron de escombro y piedra) los saltos de agua, manantiales y arroyos.

El Pueblo de Coscomate prácticamente lo enterraron y dividieron con el paso de la autopista, perdiendo los ejidatarios pobladores del lugar el millón 200 mil pesos que recibían anualmente por el concepto de servicios ambientales (proteger y cuidar la zona boscosa) por parte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

En Nayarit incomunicaron 23 pueblos rumbo a la sierra, que es paso ganadero, desviaron el río Acaponeta, provocando grandes inundaciones, lo mismo que en el Río Pánuco. Secaron ojos de agua que alimentaban a poblaciones completas e iIncomunicaron cerca de 2 mil hectáreas productivas de mango, además de que construyeron alcantarillas enanas, que ha provocado inundaciones a parcelas.

En tanto, en Sinaloa la Dirección de la SCT con el apoyo del gobierno municipal de Mazatlán encabezado por Alejandro Higuera Osuna, instrumentaron acciones penales y represivas contra líderes ejidales y pequeños propietarios que plateaban negociar el pago de la tierra en donde se está construyendo el libramiento tres: los dirigentes ejidales y pequeños propietarios siguen un proceso penal a pesar que la PGR ha dictaminado que los encarcelados no estaban en el lugar que señaló la SCT en la denuncia penal.

En prácticamente todos los casos el material y residuos vertidos en los arroyos, van a contaminar las presas con azolves, como lo advirtió la Profepa en estudios realizados. "Uno de los españoles de Aldesa nos dijo, pero lezzzh vamos a dejar una zzzhupercarretera", expresó José Luis Coria Quiñones.

Los ejidatarios exigen que se construyan los puentes, caminos saca cosechas y pasos de ganado ya dados a conocer a los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y los responsables de las empresas constructoras, así como la reparación de los cauces de los arroyos, de los ríos Pánuco y Acaponeta; la recuperación de los ojos de agua, así como la reforestación de los bosques y pastos que alimentan el ganado y la fauna silvestre.

Los daños no sólo afectan la circulación de los productos agrícolas y ganaderos de los campesinos, sino que provocan un mayor empobrecimiento en sus ingresos económicos y disminuyen sus niveles de alimentación familiar y lesionando sus niveles de vida y su futuro como sujetos productivos, agregó Pérez Virgen.
 

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1.- En esta zona no han puesto diques de contención y todo los escombros se irán al río y de ahí a las presas. 

2.-  Por mala planeación no detectaron una falla geológica y debiero abrir otro paso para el túnel.

3.-  Esta es la zona del hábitat de la Guacamaya Verde que ha sido dividida y provocará la huida de las aves a la búsqueda de otro lugar dónde anidar.

4.-  Uno de los directivos de Aldesa quien dijo que a cambio de los daños dejarán una supercarretera. 
 

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